Más
Durante mucho
tiempo en la Argentina el rol de la administración pública, nacional,
provincial y municipal fue la de constituirse en una bolsa de trabajo,
como estrategia de compensar las limitaciones que tuvo el sector privado
para generar empleos productivos.
Ese proceso se repitió en los últimos años con la estatización de
empresas y creciente injerencia del estado en la actividad productiva y
comercial, por un afán regulador y limitador de la actividad del resto
de la economía, e incentivó a un falso proteccionismo que generó más
costos que beneficios para la sociedad en su conjunto.
Así se desprende de un estudio privado que dio cuenta que «en el
último lustro el empleo asalariado en el sector público creció a un
ritmo de 4,4% por año, más que duplicando la tasa de aumento de los
puestos de trabajo en el sector privado, que fue de 2 por ciento».
Con los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de
Hogares del Indec, al segundo trimestre de 2015, el Instituto de
Estudios Laborales y Sociales de la UCES estimó que «el empleo en el
sector público en el orden nacional alcanzó una gravitación superior al
21% del total. Semejante desproporción, que explica en parte el
generalizado debilitamiento de las finanzas públicas, es muy superior al
que registran EEUU, Canadá, Uruguay, España y más aún Chile y Brasil,
pero inferior al de Francia, Reino Unido y países nórdicos».
De ahí que el informe mensual de la casa de altos estudios observó
que «en los últimos años la economía Argentina tuvo entre sus diversas
particularidades que la diferenciaron de la mayoría del resto del mundo
haber ocupado los primeros puestos en el nivel de la tasa de inflación;
acumular más de tres lustros sin poder resolver plenamente el estado
parcial de cesación de pagos de la deuda pública; acusar un salto
inquietante de los índices de pobreza y también del déficit de las
cuentas públicas en términos de PBI, donde un factor que adquirió
singular influencia fue la dinámica que adquirió la laxa política de
contratación de personal, a un ritmo que duplicó el comportamiento que
siguió el sector privado, porque sólo pudo ser financiado con una
política monetaria flexible que derivó en el impuesto inflacionario».
El trabajo privado recuerda que la última estadística del Indec de
Distribución Funcional de los Puestos de Trabajo hasta el segundo
trimestre de 2015 reveló que en todo el país se registraron en el
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 1.678.426 empleados
asalariados en el sector público en su conjunto y 6.490.745 personas en
el ámbito privado. De ahí surgió una proporción de más de 1 por cada 4
entre uno y otro. «Esa gravitación de 21% del total de la nómina en el
agregado de las administraciones públicas nacional, provincial y
municipal respecto del total privado asalariado fue de casi el doble al
que la OCDE estimó para los casos de México 10%; Alemania 11%; Brasil
11,5% y Chile 9,2%; y se ubicó entre las 8 más elevadas entre 17 países
seleccionados: Francia 22%; Polonia 25%; Suecia 26%; Dinamarca 32% y
Noruega 34%; y se alineó con la proporción que tiene Canadá de 20% y
Venezuela 19% del empleo total».
Sin embargo, hace notar el Idelas – UCES que en el caso de la
Argentina la estadística es parcial porque «se refiere únicamente a los
trabajadores en relación de dependencia registrados por el SIPA, los
cuales comprenden a poco menos de la mitad de los ocupados en esa
condición, porque no incluye a los empleados que aportan a las cajas de
jubilación de 13 provincias; ni tampoco a los que están en la
informalidad. Menos a los contratados que revisten como autónomos de
altos ingresos y monotributistas», los cuales estimó en poco más de dos
millones de trabajadores.
Esas
dos millones de personas que generan su ingreso en la función pública
son los que aportan a las cajas de previsión del personal militar de las
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, y a las
cajas previsionales provinciales que no habían sido transferidas en años
anteriores al Sistema Integrado Provisional Argentino como: las de las
jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y
Tierra del Fuego.
Esas dos millones de personas que generan su ingreso en la función
pública son los que aportan a las cajas de previsión del personal
militar de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y
Policiales, y a las cajas previsionales provinciales que no habían sido
transferidas en años anteriores al Sistema Integrado Provisional
Argentino como: las de las jurisdicciones de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones,
Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Las empresas públicas fueron activas generadoras de empleo
Y agrega el análisis de la casa de altos estudios que «usualmente se
identifica a la precariedad laboral por la condición de contratación por
parte del empleador, por tiempo determinado y con facturación del
servicio, aunque se lo renueve periódicamente, y naturalmente, por la
participación en el empleo total de los ocupados en negro, o sin aporte
jubilatorio, con salarios que se declararan como asignación no
remunerativa».
Idelas-UCES dio cuenta que «al cierre de la primera mitad de 2015,
momento en que se interrumpieron transitoriamente la difusión de las
estadísticas del Indec de empleo y distribución del ingreso, el conjunto
de las empresas públicas habían acrecentado sus nóminas de empleados a
un ritmo de 15,5% anual, y más de una vez y media en el término de
cuatro años. Un paso más atrás, aunque no muy lejano, se ubicó el Poder
Legislativo Nacional, con 10% en el año electoral y poco más de 38% en
el último cuatrienio. Mientras que en la mayor parte del sector real de
la economía la expansión del empleo fue muy limitada».
Con esos datos, el informe privado estimó «en el agregado del
cuatrienio, la laxa política oficial de empleo público y también en
materia salarial en caso de los nuevos puestos, se elevó a más de
$167.000 millones en la administración central; $85.000 millones para el
agregado de los gobiernos provinciales y $13.000 millones en el
conjunto de los municipios, más $6.000 millones en las finanzas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires», respecto de la masa laboral que
hubiera tenido lugar si hubiese replicado el ritmo de creación neta de
empleos y alza de salarios en el conjunto del sector privado.
Fuente: Infobae
