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El trabajo al que accedió LPO -que todavía no se hizo público- pone en duda la legalidad de la Resolución 28/16 del Ministerio de Energía, al sostener que las leyes citadas en el texto (la 17.319 y la Ley de Ministerios) no otorgan facultades a esa cartera para determinar el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, uno de los componentes que se aumentaron, junto con el transporte y la distribución.
Las facultades que habilitarían al dictado de la Resolución 28/16 no se citan en la medida como hubiera correspondido porque simplemente no existen.
No hay habilitación legal que le permita al Ministerio de Energía y
Minería resolver lo determinado en dicha medida, señala el informe, que
agrega que tampoco se han realizado los debidos procedimientos de consulta e información a los usuarios, ya que no hubo audiencias públicas.
Los diputados massistas elaboraron un trabajo que califica de ilegal el aumento del gas y revela que muchos funcionarios actuales ocupaban puestos jerárquicos en las empresas del sector.
Al respecto, el informe afirma que el Enargas en las resoluciones particulares argumenta que en su momento se realizaron audiencias públicas para tratar los llamados acuerdos marcos con las distribuidoras, pero se limitaron a tratar SOLAMENTE los componentes transporte y distribución, no se trató el tema del gas natural. Además, advierte que pasaron casi 10 años de su realización y por lo tanto no son aplicables.
Fuentes del Ministerio de Energía dijeron a LPO que
las audiencias públicas que se realizaron entre 2005 y 2007 sí tienen
validez legal, de acuerdo al análisis que realizaron los responsables
legales de la cartera. Agregaron que no hay hasta ahora ninguna decisión
judicial que contradiga esa posición, y adelantaron que en los próximos meses habrá audiencias públicas en el marco de la Revisión Tarifaria Integral.
Incompatibilidades
Además del incumplimiento de los pasos legales para aplicar el tarifazo, en el informe se denuncia como muy grave las incompatibilidades de los funcionarios que tomaron la medida, ya que muchos de ellos trabajaron hasta hace poco tiempo en las empresas que resultaron beneficiadas.
Todos los funcionarios involucrados en la cadena de decisiones de
estas medidas cumplieron funciones en el sector beneficiado por las
mismas, indica el informe, señalando antes que nadie al ministro Juan José Aranguren, que trabajó en Shell hasta el año pasado.
El diputado massista Marco Lavagna.
El trabajo recuerda que el propio Aranguren admitió ante la Oficina Anticorrupción que todavía posee acciones en Shell, compañía que tiene intereses en la producción de petróleo y gas natural.
El ministro ya había tenido problemas por este tema la semana pasada,
cuando se reveló que esa firma ganó siete de ocho licitaciones para la
importación de gasoil. El funcionario pidió a la OA que investigue si tuvo alguna participación en el proceso.
Asimismo, la denuncia de los diputados massistas apunta al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, que fue directivo de PAE hasta su asunción en el Gobierno; al interventor del Enargas, David Tezanos, que fue Director de Ventas de Gas Natural de YPF y Presidente del Directorio de Metrogas hasta el año pasado; y al subinterventor del Enargas, Daniel Perrone, que fue directivo de Transportista de Gas del Sur.
La pertenencia de los funcionarios a las empresas beneficiadas es
preocupante por sí pero se agrava si tenemos en cuenta la cadena de
acontecimientos: el Estado no tiene facultades para fijar precios del gas en boca de pozo, los ajustes de tarifas se hacen sin Audiencia Pública,
no se sabe cómo se llega a los valores determinados, los valores
determinados posicionan a los productores recibiendo un valor por el gas
en boca de pozo superior al que se recibe en cualquier otro lugar del
mundo, los funcionarios que tomaron la decisión TODOS provienen del
sector beneficiado, el impacto sobre el presupuesto familiar es
desmesurado, las empresas beneficiadas bajan inversiones y en el sector
se pierden empleos, dispara el informe de los diputados, en el párrafo
más duro.
Consultados los voceros del ministro sobre esta denuncia, señalaron
que Aranguren se excusa de firmar cualquier resolución que tenga que
ver con Shell, tal como establece la Ley de Ética Pública en los
artículos 13 y 15. Lo mismo argumentaron para el caso de los
otros funcionarios mencionados en el informe. Afirmaron, además, que el
paso por empresas privadas no les impide cumplir algún rol en la función
pública, si se ajustan a lo establecido por esa normativa.
Fuente: La Política Online
