La iniciativa contó con el respaldo del Frente de Todos y bloques aliados, y fue rechazado por Juntos por el Cambio -aunque algunos de sus miembros de provincias azucareras votaron a favor-, Consenso Federal, el socialismo y la izquierda.

El proyecto de Biocombustibles establece un nuevo marco regulatorio y propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre las naftas y bioetanol. Tiene por objetivo reemplazar a la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación, fue prorrogada hasta el 12 de julio.

El nuevo marco, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, reduce del 10% al 5% el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel, a diferencia del combustible elaborado a base de caña de azúcar, en que los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla obligatoria.

Otro punto del proyecto que generó resquemores es el que habilita a la Secretaría de Energía a «elevar el referido porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas».

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras».

Al exponer como miembro informante del oficialismo, el titular de la comisión de Energía, Omar Félix, indicó que «esta ley propone atender las necesidades específicas del sector, sin descuidar el interés de los consumidores, con el objetivo de proteger la economía de todos los argentinos”.

“Adaptamos el marco regulatorio a nuevos escenarios y generamos con la nueva norma herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector”, sostuvo y recordó que durante el macrismo «hubiese sido bueno que en lugar de importar combustibles, se hubiera cubierto la demanda por biocombustible de origen nacional».

A continuación tomó la palabra la legisladora mendocina de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, que por el despacho de minoría, argumentó que “esta es una ley que fomenta la corrupción y castiga a la inversión. Una cosa es un Estado presente, otra cosa es intervencionismo de un Estado ineficiente».

Sus afirmaciones le valieron un cruce con el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, quien pidió una interrupción para hacer una aclaración: «Que a nosotros nos digan que esto tiene que ver con corrupción, con amiguismo y todo eso, me parece que es absolutamente desubicado y además, merecería otro tipo de acción dentro de lo que estipula el reglamento de la Cámara de Diputados».

Acto seguido invitó a la diputada preopinante a revisar su celular, «a ver si tengo algún tipo de teléfono o llamado de algún empresario amigo y que me diga si ella puede decir lo mismo de los empresarios de su provincia».

El diputado del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, aclaró el objetivo del proyecto de ley y dijo que «estabiliza los beneficios del sector por 10 años, los segmenta y los integra a una política pública en materia de producción y desarrollo nacional coherente, sostenible y responsable”.

“De fondo estamos discutiendo entre libre mercado o un Estado presente. No legislamos para dos o tres empresarios, legislamos por los intereses de las mayorías y dentro de esas mayorías están los empresarios», sentenció.

En tanto, el diputado de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, pidió votar la prórroga al régimen existente, que ya cuenta con media sanción del Senado, y criticó que no haya «un plan de desarrollo para el sector de los biocombustibles”.

Además, cuestionó el papel que le otorga el proyecto a la Secretaría de Energía. «Esta Super Secretaria va definir los volúmenes de ventas, la política de precios y sanciones. A sola firma del Secretario. Y lo mas grave, es que esta Ley prohíbe la instalación de nuevas empresas. Esto concluye en un mercado claramente limitado, cautivo y con tendencia al monopolio. Y con una evidente destrucción de la mano de obra Argentina».

Por su parte, el titular de Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, pidió seguir debatiendo el tema y «no votar este proyecto para devolverle a la Argentina una política de biocombustible que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo”.

En tanto, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, expresó: «Los tiempos nos ponen en la necesidad de acompañar el proyecto, ya que no podemos arriesgar los más de 30 mil puestos de trabajo, las inversiones y esfuerzos tecnológicos realizados. Sólo pido que debatamos otra matriz energética».

«No se dieron los espacios para discutir el problema de fondo, que es la matriz energética y la producción. Sólo se habló de dinero e inversiones, sin pensar en el impacto medioambiental o si se es sostenible prorrogarlo por 10 años», aclaró.

La diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, dio las razones de su rechazo al proyecto por considerar que «beneficia a un grupo de agrodepredadores», e insistió en plantear que el Congreso debe tener «otras prioridades».

El diputado socialista, Enrique Estévez, insistió sobre la cuestión ambiental y pidió «incorporar la mirada ambiental al modelo de país que queremos. Fomentar una economía circular, generar puestos de trabajo y tener una matriz energética más limpia, además de un desarrollo verdaderamente federal”.

«Si siguen gobernando los partidos que representan a este gran empresariado no tenemos salida para poder transformar la intoxicación, el envenenamiento que están haciendo para hacer grandes fortunas», dijo durante su discurso en el recinto.

Al cierre, el diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri, uno de los autores del proyecto, indicó: “Estamos cuidando nuestra economía y a los productores nacionales. Industrializar en plantas nacionales es pensar en el futuro. Necesitamos tener precio, corte y trabajo argentino como garantiza esta ley con mirada integral y federal”.

Con respecto a la sustitución de importaciones, el proyecto establece que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo «con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo».

En ese aspecto, la iniciativa fija que las empresas de biocombustibles que decidan abastecer dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión. En caso contrario, podrían ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto, por su parte, mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

En la agenda de la sesión, también se incluyó un proyecto de la diputada del PRO, María Luján Rey, que incorpora al Código Procesal Penal, el artículo 469 bis que establece un máximo para la resolución de los recursos de Casación.

«El tribunal de alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del período de noventa (90) días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por única vez y por un plazo extra de 20 (veinte) días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de diez (10) días hábiles antes del vencimiento del primer plazo dispuesto», indica el texto de la norma. La iniciativa obtuvo media sanción por unanimidad con 246 votos a favor.

Cambios en la ley de contracepción quirúrgica

La Cámara de Diputados aprobó también, por amplia mayoría y giró al Senado, un proyecto que modifica la ley de contracepción quirúrgica para extender a las personas con discapacidad el derecho de expresar su voluntad para acceder a la realización de las prácticas denominadas «ligadura de trompas de Falopio» y «ligadura de conductos deferentes o vasectomía».

El plenario legislativo aprobó esta iniciativa con el respaldo mayoritario de 237 legisladores de todas las fuerzas políticas y solo votó en contra el legislador del Frente de Todos, Esteban Bogdanich, mientras que el macrista Francisco Sánchez se abstuvo.

La iniciativa busca poner la legislación a tono con lo dispuesto sobre capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera se está «cumpliendo con un reclamo que las personas con discapacidad vienen realizando en pos de su autonomía, desde hace varios años».

El Código Civil y Comercial de la Nación vigente adopta una nueva concepción sobre la capacidad, y establece que «no es un atributo que se le otorga o se le quita a una persona sino un derecho humano y en consecuencia la incapacidad se prevé como excepción debiendo mediar sentencia judicial».

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Publica, el diputado del Frente de Todos, Pablo Yedlin, explicó que el «objetivo de esta ley es que las personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad».

En ese sentido, la legisladora oficialista Lucila Massin -autora del proyecto- explicó que esta iniciativa «es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia».

De la elaboración del proyecto participó activamente la Agencia Nacional de Discapacidad, el organismo que se encarga de dictar las políticas públicas sobre el área. «Todas las personas con discapacidad tienen derecho a brindar su consentimiento previo, libre, pleno e informado a la esterilización quirúrgica, en igualdad de condiciones con las demás personas. Solo se puede esterilizar a una persona con discapacidad si ella solicita la práctica y brinda su consentimiento por sí misma y con sistemas de apoyo», su Director Ejecutivo, Fernando Galarraga.