Los representantes oficialistas detectaron que usó un decreto retroactivo para avalar emisiones. El crédito del FMI, en la mira.
La Auditoría General de la Nación (AGN) no aprobó las emisiones de deuda por 48.723 millones de dólares que realizó Mauricio Macri en 2017 y de esa manera lo dejó desprotegido ante cualquier reclamo judicial. Los representantes de Cambiemos rechazaron la decisión y acusaron a sus pares oficialistas de inmiscuirse en «políticas de gestión».
La Auditoría tiene la misión de supervisar los gastos de los gobiernos y sus informes son tratados por ambas cámaras del Congreso. Antes, los evalúa la Comisión bicameral mixta revisora de Cuentas, que el oficialismo controla mediante su supremacía en el Senado.
Ese dominio y la condición de primera minoría en Diputados le permite al Frente de Todos manejar con cuatro de los siete votos el directorio de la AGN y fue así que el jueves último impuso su dictamen sobre la cuenta de inversión de 2017 con una «abstención de opinión» en el capítulo sobre la deuda.
La cuenta de inversión es un trámite clave para que un presidente se proteja de cualquier objeción en Tribunales, aunque el periplo judicial de Cristina Kirchner y sus ex funcionarios explican que tampoco es garantía. Tiene informes contables y otros de ejecución presupuestaria, en el que los auditores oficialistas encontraron algunas inconsistencias sobre la emisión de deuda.
Detectaron que el endeudamiento de 2017 sobrepasó lo autorizado en el Congreso y para corregir el error Macri firmó un decreto en diciembre de ese año para autorizar varias emisiones que ya se habían realizado. Lo curioso fue que para comprobarlo hallaron un registro de emisiones en una planilla Excel que no formaba parte del registro oficial y por lo tanto podía modificarse manualmente.
La tarea estaba a cargo del entonces ministro de Finanzas Luis «Toto» Caputo, que en diciembre de 2016 se desprendió de la cartera de Hacienda, con el reemplazo de Nicolás Dujovne por Alfonso Prat Gay. A partir de esas herramientas, en 2017 Macri un incremento la deuda en un 18% en dólares con respecto del año anterior y de ese modo pasó a representar el 56,8% del Producto Bruto Interno (PBI).
Según el informe interno de la AGN, el 70% de esas emisiones fue en moneda extranjera, casi el 30% de la deuda fue a tasa variable y el 30% vencía en los dos siguientes ejercicios. Aquel año, además, se colocó un título a 100 años de plazo con un rendimiento para la inversión del 7,9% anual, que significaba $s 21.725 millones de dólares en concepto de intereses.
Pero los auditores no tienen la función de evaluar políticas económicas sino la legalidad de la gestión y en el caso de la deuda los representantes oficialistas la consideraron floja de papeles, a partir del decreto retroactivo y la informal planilla de Exel. Y en ese capítulo apelaron a «la abstención de opinión», que significa haber encontrado irregularidades e incertidumbres que impiden convalidar la rendición de cuentas presentada.
Sin aval de la AGN, un acto de gestión deja a los funcionarios involucrados desguarnecidos ante un planteo judicial, que por la deuda los hay y muchos. De hecho, el presidente Alberto Fernández anunció que será querellante en una causa que investiga el crédito pedido al FMI en 2018, que será evaluado en la cuenta de inversión de ese año.
Los auditores del oficialismo son María Graciela de la Rosa y Javier Fernández en representación del Senado; Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada, por Diputados. Cambiemos tiene a Alejandro Nieva y Miguel Pichetto y, por mandato constitucional, al presidente del organismo, el radical Jesús Rodríguez.
En un comunicado, este trío defendió las emisiones de deuda de Macri y aseguró que los trámites cumplieron «la totalidad de los requisitos técnicos y legales, según dejaran constatado hace casi dos años la comisión de deuda y la comisión de cuenta de inversión respectivamente».
«Los auditores no deben ni pueden juzgar los criterios políticos de gestión ni las decisiones de política económica, ya que ello es materia exclusiva del Congreso de la Nación», sentenciaron en un dictamen de minoría.
Pero el de mayoría será el que si gire al Congreso, tendrá dictamen favorable en la bicameral y el oficialismo intentará aprobarlo en las dos Cámaras para ratificarlo definitivamente.
En Diputados el frente de Todos no tiene quórum propio, aunque tampoco Cambiemos y son los partidos minoritarios los que definen el quórum, como el frente de Córdoba federal del gobernador Juan Schiaretti.
Los informes de la AGN suelen esperar años para ser tratados en las Cámaras, casi siempre con mayorías diferentes al momentos que fueron emitidos. Tal vez no sea la excepción.
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