El
cambio de gobierno trajo renovación política, pero también la obligación
de saldar cuentas pendientes con funcionarios que ejercieron el poder
durante años. Y en algunos casos las cifras sorprenden.

En ese grupo se inscribe Héctor Timerman, que finalizó sus funciones el 9 de diciembre y cobró 575.000 pesos por licencias no usufructuadas acumuladas en los últimos seis años.

La ley del empleo público señala que no se pueden acumular
licencias por más de dos años, pero Timerman se vio beneficiado porque
la reglamentación anula la restricción en los casos que involucran
al jefe de Gabinete, el secretario General de la Presidencia, ministros,
secretarios y subsecretarios.

En los casos mencionados, las vacaciones pueden acumularse hasta por
un período de 10 años sin que se venzan y pueden ser cobradas cuando se
oficializa el cese de funciones. El argumento que justifica la norma es
que esos cargos muchas veces impiden tomarse licencia por obligaciones
profesionales.

El número impacta en un contexto de achique estatal, en el que
diariamente se conocen noticias de miles de despidos de personal
contratado e incluso de gente que formaba parte de la planta permanente
tanto en el Congreso como en municipios y diversos ministerios.

Sin embargo, en estos casos el pago se hizo antes de que se
oficializara el cambio de Gobierno: «No se consultó con las nuevas
autoridades porque se realizó dentro del período correspondiente a la
administración anterior», explicó Paula Ferraris, ex secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional de la Cancillería en declaraciones a La Nación.

La misma ex funcionaria aprobó la cancelación de la deuda con
Timerman y se autoliquidó $484.540,64 por vacaciones acumuladas por
cuatro años. Lo mismo ocurrió en los casos deGuillermo Oliveri, ex
secretario de Culto de la Cancillería y Juan Landaburu, ex subsecretario
de Culto: el primero percibió $459.783,09 y el segundo un total de
$362.988,13 por licencias acumuladas.

Las autoridades del nuevo gobierno sólo podrían revisar estos
onerosos desembolsos en caso de existir alguna irregularidad. No parece
que esto vaya a suceder, fundamentalmente porque la auditoría que podría
avanzar en ese sentido está acéfala.

uente: Infobae