Creó un fondo de 500 millones y beneficios impositivos para quienes construyan plantas de biocombustibles. Le reclamó a Fernández que decrete la prórroga.
Juan Schiaretti anunció un programa de promoción del biodiesel para autoconsumo y pasó de lo discursivo a los hechos en la pelea con la Rosada por el biocombustible. El anuncio, que implica subsidios, créditos con tasa rebajada y beneficios impositivos, fue acompañado por las entidades agropecuarias, industriales y las universidades; marco que le sirvió para reclamarle a Alberto Fernández que firme el decreto de prórroga de la ley, cuyo plazo entró en tiempo de descuento.
En concreto, se trata de un fondo de 500 millones de pesos para subsidios y créditos, cuyo destino es impulsar que municipios, empresas y consorcios de productores adquieran plantas de biocombustible para autoconsumo.
Actualmente, el «campo» cordobés consume anualmente unos 230 millones de litros de gasoil, el 17 por ciento del total en la provincia; un mercado al que le apunta Schiaretti, decidido a jugar abiertamente a favor del biodiesel (o en contra de las petroleras).
«La creación de un fondo específico busca que los tractores y cosechadoras radicadas en Córdoba funcionen 100 por ciento con biodiesel, y sumar flotas de vehículos oficiales, del complejo agroindustrial y de empresas de transporte público».
La creación de un fondo específico persigue ese fin: que los tractores y cosechadoras radicadas en Córdoba funcionen 100 por ciento con biodiesel, y sumar flotas de vehículos oficiales -móviles policiales, ambulancias, camiones recolectores-, del complejo agroindustrial y de empresas de transporte público de pasajeros, que suelen operar sus propios surtidores.
Además del fondeo directo para que municipios y consorcios adquieran o construyan plantas de biodiesel, el programa prevé beneficios impositivos, como la exención de ingresos brutos durante cinco años y reducción del 20 por ciento del impuesto automotor. Esta última quita también beneficiaría a empresas de transporte. Además, las empresas que produzcan biocombustible y que participen del esquema de proveedores de la Provincia tendrán una rebaja del 50 por ciento del impuesto automotor, un gancho para el club de la obra pública.
El principal beneficio contante y sonante es una ayuda no reintegrable de hasta 2,6 millones de pesos para comprar plantas fabricadas por empresas cordobeses. Además, tras la deducción del monto de la ayuda, se podrá financiar hasta el 90 por ciento de la compra con un préstamo de hasta 48 cuotas, con seis meses de gracia y una tasa subsidiada del 12 por ciento. Para el caso de municipios y consorcios, el financiamiento estatal será del 100 por ciento.
De acuerdo con el anuncio, la Provincia apuesta a revolucionar el mercado: la mega empresa estatal de energía Epec, cooperativas de electricidad y servicios del interior de Córdoba, empresas constructoras, consorcios camineras y productores agropecuarios firmaron la adhesión al programa, un gesto que por ahora es político, pero que tiene amplias probabilidades de ser un buen negocio.
«Nosotros los cordobeses defendemos nuestra producción y nuestros puestos de trabajo con uñas y dientes, porque mucho le costó a toda la sociedad generarlos».
Según estimaciones oficiales, una planta de bioetanol para autoconsumo tiene un costo de entre 50 mil y 100 mil dólares, según su capacidad; un monto similar a lo que cuesta un departamento en Nueva Córdoba, el barrio con mayor inversión de «sojeros».
En clave electoral, Schiaretti volvió a diferenciarse del Gobierno nacional: «Nosotros los cordobeses defendemos nuestra producción y nuestros puestos de trabajo con uñas y dientes, porque mucho le costó a toda la sociedad generarlos», dijo al reclamar, una vez más, la prórroga de la ley de beneficios para las plantas de biocombustibles.
En un pedido directo a Fernández, Fabián López, el ministro de Servicios Públicos, dijo ayer que «la única alternativa sensata y racional es prorrogar la ley, para tener suficiente tiempo de consensuar un nuevo marco legal». El plazo vence dentro de 22 días. «Día 22 de la cuenta regresiva. Hace 15 años que se sabe que la ley de biocombustibles vence en 22 días», agregó.
«Es un beneficio directo para Córdoba; es una apuesta en el trabajo conjunto y de consenso entre la sociedad civil y el Estado, agregando valor a nuestra producción», dijo López, ya con el manual de campaña bajo el brazo, aquel que usará Hacemos por Córdoba para intentar salir de la grieta: el «modelo de gestión Córdoba».
LPO