Algunos oficios están sin respuesta desde 2016. La gran mayoría son de Capital.Se lanzó un sistema nuevo con el que se busca empezar a cubrir la demanda.

Ayer a la mañana se conoció que hay 869 pedidos pendientes de botones antipánico para personas que están en situación de violencia de género en la provincia. Algunos de ellos están sin resolución desde 2016, ante la falta de dispositivos disponibles. Casi todos los pedidos son de Salta capital, menos 10 que son de Güemes.

En la actualidad 87 mujeres cuentan con equipos electrónicos para pedir ayuda al Sistema de Emergencias 911. A las restantes desde la cartera de Seguridad se les dispone custodia policial en sus domicilios.

En un acto, presidido por el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, ayer se anunció que se comenzará a implementar una aplicación de botón de pánico que se puede instalar en los teléfonos celulares de las víctimas, lo que permitirá empezar a cubrir de a poco la demanda que hay y los próximos pedidos que ingresen por medio de juzgados y fiscalías.

El sistema de software fue confeccionado por el equipo de técnicos del 911, por lo que el desarrollo no implicó costos extra para la cartera de Seguridad. Este permitirá reemplazar los botones físicos que, por tener más de cinco años, están «técnicamente obsoletos», según advirtieron expertos.

Funcionarias y especialistas en violencia de género valoraron la herramienta propuesta y consideraron que se necesitan políticas públicas complejas y coordinadas para atender esta problemática.

Pulleiro contó que, luego de asumir la función, en diciembre de 2019, encontraron una escasa cantidad de botones antipánico y muchos más requerimientos de jueces y fiscales. Ante la falta de equipos, dijo que cubrían con consigna policial, lo que representa «un recurso caro y victimiza más a la persona que sufre violencia».

A partir de mañana se comenzará a capacitar a las personas que van a usar la aplicación, que serán, en principio, las que tienen botones físicos y están de acuerdo con la propuesta. Luego se dará prioridad a los pedidos más recientes y, recién, se avanzará con los anteriores.

El sistema, por ahora, funcionará solo en Salta capital y está previsto que se extienda a otras localidades que cuentan con centros de atención de emergencias, empezando por Tartagal y Orán, donde hay centros secundarios del 911.

Cómo es el proceso

Antes de comenzar a emplearlo las personas darán su consentimiento y se evaluará si cumplen con los requisitos técnicos y de factibilidad. Luego se las capacitará, se les entregará un manual de usuario y se les brindará asistencia psicológica, si ellas quieren.

Habrá siete días de prueba y, si sale todo bien, quedarán como usuarias activas. Si no, se informará a cada oficina de donde lleguen los pedidos.

Para tener la aplicación se requiere teléfono «smartphone», línea activa de una compañía de celular, servicio de internet o paquete de datos y, si es posible, una red inalámbrica (wi-fi). Se necesita que la pantalla táctil funcione bien y que el GPS esté activo. La aplicación ocupa muy poco espacio (alrededor de 5 MB).

Cuando se aprieta el botón salen dos avisos: una alarma, que viaja por paquete de datos, y una llamada que se genera de manera automática. En cuanto llega el pedido se envía un móvil policial hacia el lugar.

Habrá nueve operadores capacitados especialmente para atender los pedidos de ayuda.

Funcionarios aseguraron que la aplicación es muy intuitiva y fácil de usar.

Piden políticas públicas integrales

La jueza de Corte Sandra Bonari, responsable de la Oficina de la Mujer y supervisora de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial, y la directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, celebraron que hubiera una herramienta más contra la violencia de género.
Sin embargo, ambas destacaron que se necesita el trabajo mancomunado de muchas áreas del Estado para erradicar una problemática a la que calificaron como “compleja” y “multicausal”.
Bonari consideró que se necesita una “caja de herramientas” y valoró que esta se suma a muchas otras. Expresó que hay que eliminar condiciones estructurales que favorecen este fenómeno y romper con patrones culturales. Remarcó que es clave que haya políticas públicas con Educación.
Pérez Declercq señaló que es fundamental que los funcionarios de las distintas áreas del Estado escuchen a las personas en situación de violencia de género y conozcan sus realidades. Consideró que, en general, eso no sucede.
Mencionó que las políticas contra la violencia de género requieren un abordaje integral y una coordinación entre las distintas intervenciones, lo que observó tampoco se da.

Fuente: El Tribuno