Ana Estrada, de 44 años, sufre una enfermedad progresiva y terminal, obtuvo el derecho de decidir cuándo morir y contar con asistencia para ello sin que quienes la ayuden incurran en un delito.
Desde Lima.Una decisión judicial calificada como histórica reconoce el derecho a la muerte digna de una mujer que padece una enfermedad incurable y progresiva que la tiene postrada en una cama la mayor parte del tiempo. Un hecho inédito en el país. Esta resolución judicial de despenalizar la eutanasia tiene un alcance para este caso específico, no se extiende como una norma general. El fallo, adoptado por el magistrado Jorge Ramírez del Décimo Juzgado Constitucional, acepta el pedido de Ana Estrada, de 44 años, para tener el derecho de decidir cuándo morir y contar con asistencia para ello sin que quienes la ayuden incurran en un delito. “Hemos llegado a la meta”, dijo Ana luego de dictada la resolución judicial que le da el derecho a tener una muerte asistida cuando ella lo decida. El fallo del juez Ramírez, que puede ser apelado, ha abierto una polémica en el país.
Esta resolución judicial declara inaplicable para este caso el artículo del Código Penal que establece una pena de tres años para quien por pedido de otra persona la ayude a morir, lo que es definido como “homicidio piadoso”. El fallo ordena al Ministerio de Salud y a la Seguridad Social de Salud respetar y cumplir con los deseos de Ana cuando ella decida morir y darle la asistencia para “poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia”. El juez señala que la Constitución reconoce el derecho a una vida digna, por lo cual por extensión todos también tienen derecho a una muerte digna. El magistrado indica que negarle ese derecho a Ana Estrada afectaría sus derechos a “la dignidad, autonomía, libre desarrollo” y a “no sufrir tratos crueles e inhumanos”.
Al conocer el fallo judicial a su favor, Ana Estrada señaló que esa resolución la hace sentirse libre al saber que puede tomar la decisión de morir cuando considere que por su enfermedad ya no puede tener una vida digna y que eso le permite vivir ahora sin miedo “Estoy sin palabras, muy emocionada. Para mí es un placer, una alegría enorme la que estoy sintiendo. Hemos llegado a la meta. Lo que siempre he tenido claro es que cuando llegara este momento, que ya llegó, yo iba a ser libre. Esa era la lucha por la que estaba peleando todo este tiempo”, fueron las primeras palabras de Ana luego de enterarse de la decisión judicial que reconoce su derecho a una muerte digna.
“La sentencia que ha dado el juez ha sido contundente, está ordenando que se respete mi voluntad. Siento que una gran puerta se ha abierto para mí. Me está diciendo: tú ahora eres dueña de tu cuerpo, de tus decisiones y de tu vida”, le declaró a la emisora RPP, hablando desde su casa con dificultad.
Ana Estrada ha tenido el apoyo de la Defensoría del Pueblo en la demanda que planteó, y que ha ganado. “Esta es una sentencia que rinde homenaje a la libertad y a la autonomía de la voluntad”, señaló el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
Los ministerios de Salud y de Justicia, y la Seguridad Social de Salud, pueden apelar el fallo judicial. Si esta decisión fuera revocada, el asunto llegaría al Tribunal Constitucional para una decisión definitiva.
“Personalmente estoy de acuerdo con la disposición judicial dada y, en función de eso, el Ministerio de Salud no debería apelar esta decisión”, ha señalado el titular de Salud, Oscar Ugarte. El ministro de Justicia, Eduardo Vega, opinó en el mismo sentido: “Saludo y respaldo la decisión del Poder Judicial frente al pedido de Ana Estrada y la Defensoría del Pueblo. Esta decisión reconoce el derecho fundamental a una vida digna de la persona”.
Estas declaraciones indicarían que ninguno de estos dos ministerios apelaría este fallo judicial, pero la decisión final la tienen los procuradores de los ministerios, que por ley actúan con autonomía.
Esta decisión judicial ha sido rechazada por los sectores conservadores. La Conferencia Episcopal se pronunció en contra. Los obispos peruanos señalaron en un comunicado que la eutanasia “siempre será un camino equivocado” y la califica como “un acto intrínsicamente malo en toda ocasión y circunstancia”. Los obispos le niegan a Ana el derecho a tener una muerte digna con el argumento de que la vida debe tener “un término natural”.
El doctor Alfredo Celis, presidente del Comité de Ética del Colegio Médico del Perú (CMP), señaló que el fallo judicial que permite la muerte digna colisiona con el Código de Ética del CMP y que el médico que practique la eutanasia a Ana Estrada podría ser sancionado por esta institución.
Quién ha tenido la reacción más destemplada frente a esta decisión judicial ha sido el candidato presidencial Rafael López Aliaga, un millonario empresario ultraderechista miembro del Opus Dei, quien con ese tono marcado por el desprecio que suele usar cuando se trata de hablar de derechos, rechazó el derecho a una muerte digna y asistida y dirigiéndose a Ana dijo: “si quieres morir, búscate un edificio y te lanzas”. López Aliaga tiene tres por ciento en las encuestas, en un escenario en el cual el puntero en los sondeos apenas pasa el diez por ciento.
Keiko Fujimori, candidata presidencial que reivindica la dictadura de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), también expresó su discrepancia con la decisión judicial que reconoce el derecho a una muerte digna. Una última encuesta de Ipsos la ubica en tercer lugar con ocho por ciento, igualada con la candidata de izquierda Verónika Mendoza, quien ha respaldado la decisión judicial en favor de Ana Estrada.
Un sondeo de Datum revela que un 48 por ciento está de acuerdo que las personas con una enfermedad tengan derecho a una muerte digna y puedan decidir cuándo y cómo morir; un 46 por ciento se expresó en contra de ese derecho.
A los doce años Ana comenzó a sentir los primeros síntomas de polimiositis, una enfermedad degenerativa que debilita los músculos. A pesar de la enfermedad, pudo estudiar y graduarse como psicóloga, profesión que ejerció hasta que el avance de la enfermedad ya no le permitió continuar trabajando. Desde los 20 años está en silla de ruedas. En 2015 su situación se agravó y tuvo que pasar varios meses hospitalizada. Cuando salió necesitaba atención las 24 horas del día. Ha perdido toda movilidad en piernas y brazos, y ahora pasa al menos 20 horas diarias postrada en la cama, las otras cuatro horas, cuando se siente bien, puede estar sentada.
La enfermedad ya le ha afectado los músculos respiratorios y la mayor parte del tiempo depende de un respirador artificial conectado a la tráquea para poder respirar. La mayoría de las veces debe alimentarse por una sonda, solamente en sus mejores días puede comer con dificultad. Ha creado un blog, en el que escribe con un dedo con la escasa movilidad que todavía tiene, para exponer su caso y pedir apoyo en su lucha para conseguir el derecho a tener una muerte digna.
Aunque este fallo judicial se limita al caso de Ana Estrada y no es vinculante para otros casos, que se reconozca judicialmente el derecho de Ana a decidir cuándo y cómo morir, constituye un precedente fundamental para avanzar en la legalización del derecho a tener una muerte digna por decisión propia, un derecho no reconocido en la legislación peruana.
Fuente Página12
