El Gobierno de Emmanuel Macron incrementa la vigilancia sobre asociaciones al mismo tiempo que regula ciertas prácticas, como la educación domiciliaria. Sus críticos denuncian que el texto estigmatiza a los musulmanes. El proyecto llega un año antes de las elecciones presidenciales y cuando la ultraderecha asoma como favorita.

Los diputados franceses votaron ayer con holgada mayoría un controvertido proyecto de ley que busca combatir el islamismo radical y que ahora será debatido por el Senado a fines de marzo.

El texto que pretende reforzar el arsenal legislativo para combatir el islamismo radical fue adoptado por la cámara de diputados con 347 votos a favor, 151 en contra y 65 abstenciones.

La ley, que según sus críticos estigmatiza a los musulmanes y limita las libertades, prevé la neutralidad religiosa de los funcionarios, refuerza el control de las asociaciones y del financiamiento de los lugares de culto, instaura una autorización previa para la enseñanza a domicilio y blinda las medidas para luchar contra las amenazas difundidas en internet.

“Es una ofensiva laica extremadamente fuerte”, dijo el ministro del Interior, Gérald Darmanin, a la radio RTL. “Es un texto duro pero necesario para la República”, añadió.

Este proyecto, una de las últimas grandes iniciativas del presidente Emmanuel Macron de cara a de las presidenciales de 2022, es una respuesta a la amenaza yihadista en Francia, que tuvo como punto de partida el atentado contra la redacción del semanario Charlie Hebdo en enero de 2015 y que seis años después continúa.

Ilustra también el giro a la derecha del último tramo del quinquenio de Macron, que declaró la guerra al “islamismo radical”, una “ideología” que según él “afirma que sus leyes son superiores a las de la República”.

No obstante, niega que se trate de una reyerta contra el islam o cualquier otra religión. “Lo que estamos haciendo en Francia es combatir el terrorismo que se hace en nombre del islam, no el islam”, explicó en una entrevista con Al Yazira en octubre pasado.

Entre las medidas clave del proyecto figura un mejor control de las asociaciones y lugares de culto, y también una mayor protección a los líderes comunitarios moderados que corren el riesgo de ser derribados por un “golpe de Estado” extremista.

Para recibir subvenciones, las asociaciones deberán comprometerse a “respetar los valores y principios de la República” y la financiación y la gestión de los lugares de culto estarán mejor reguladas.

El texto también propone criterios más estrictos para autorizar la escolarización en el hogar de los niños mayores de tres años, con el fin de evitar que los padres saquen a sus hijos de las escuelas públicas y los matriculen en estructuras islámicas clandestinas.

Fuente Ámbito