La recibirán esposas e hijos de los submarinistas. Pero no podrán cobrarlas si continúan en un juicio al Estado. Pidieron un beneficio similar a las víctimas de Once.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en noviembre de 2017, pero los obliga a renunciar a acciones judiciales contra el Estado.
Esta restricción ocasionó un reclamo desde la oposición, que no fue saldado por el oficialismo y provocó varios votos en contra en la votación en particular. «Lo que estamos haciendo es un reconocimiento a sus familiares por parte de toda la patria. Esta ley plantea un hecho voluntario al cual el familiar puede adherir o continuar su búsqueda de resarcimiento por otra vía», explicó Carlos Fernández, radical y presidente de la Comisión de Defensa.
«Esta es una propuesta, es un derecho y no una obligación. Acogerse será un acto voluntario por parte de las familias del ARA San Juan. El proyecto es un gesto de acompañamiento a los familiares de la tripulación del ARA San Juan», agregó el oficialista Germán Martínez, quien comparó la reparación es similar a la que el Estado otorgó a los familiares de las víctimas del Amia y la voladura de la fábrica militar de Río Tercero.
Pero no convenció a los opositores preocupados por la imposibilidad que tendrán los familiares de ir a la justicia. «Esta indemnización no va a ser lo que se anhela porque conmina a los familiares a renunciar a todo derecho por daños y perjuicios. Esta ley va a traer muchos reclamos», anticipó Graciela Camaño, quien recomendó leer el informe de la bicameral del Congreso que dio cuenta de negligencia del Estado en el control de la nave hundida.
La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino «tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar», que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.
El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los y las agentes de Nivel A, Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Publico SINEP), multiplicado por 100.
El proyecto señala que el cobro del beneficio «importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto».
Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento «es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias».
Otra polémica la ocasionó la diputada del Pro María Luján Rey, madre de un joven que murió en la tragedia ferroviaria de Once, quien pidió un beneficio similar para los familiares de esas víctimas. «Hay una implícita discriminación hacia otras víctimas. Todas las tragedias han tenido respuesta en esta casa, menos la tragedia de Once», protestó.
La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, que se encontraba presidiendo la sesión, le prometió que Massa «ratificaba el compromiso» de incluir en sesiones extraordinarias un proyecto para indemnizar a las víctimas de esa tragedia.
Fuente LPO
