Judith Machaca Cauna fue vista en la ciudad de Tacna por última vez el 28 de noviembre del 2020, luego de encontrarse con el policía Santiago Paco Mamani. Su desaparición no es un caso aislado. En estos últimos tiempos, marcados por la proliferación del Covid-19, la violencia contra las mujeres también se ha incrementado significativamente. Es necesario luchar por un plan de emergencia que contemple, entre otras cosas: casas refugio para las mujeres agredidas, asistencia profesional y salarios mensuales equivalentes al valor de la canasta básica familiar para todas las mujeres que no cuentan con ingresos económicos.

La violencia de género, en este periodo de pandemia, no se ha detenido. El diario El País de España publicó recientemente que 11 828 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en el Perú el año 2020, de estas cifras, el 30% son menores de edad. Cabe preguntarnos ¿Cuántas de estas desapariciones tienen que ver con las redes de trata de personas que actúan en complicidad de policías, jueces y fiscales? O ¿Cuántos de estos casos son consecuencia de la violencia machista y de feminicidios que no fueron atendidos adecuada y oportunamente por las instituciones del estado?

El caso de Judith Machaca, desaparecida el 28 de noviembre en Tacna, hace parte de estas cifras de mujeres desaparecidas y muestra, a su vez, como las instituciones públicas correspondientes, como la Policía Nacional, el Poder Judicial o el Ministerio Publico, intervienen reproduciendo una mirada machista y patriarcal, lo cual termina haciéndoles el juego a los responsables de la violencia hacia las mujeres.

Recordemos que cuando los padres de Judith denunciaron la desaparición de su hija, los agentes policiales les decían que “seguro se fue con un chico y que ya regresaría”, mientras tanto, la institución policial hacia muy poco para buscarla. A las semanas se dio con la ubicación del celular de Judith y quien lo tenía dijo que este artefacto se lo regaló el policía Santiago Paco Mamani. El policía hoy se encuentra como no habido, ya que días previos el juez Yuri Maquera le dio libertad a pesar de todas las pruebas en su contra. Como consecuencia de todo ello, hasta ahora no se ha podido dar con el paradero de Judith y se cree que Santiago Paco habría ocultado sus restos en un pozo de más de 90 metros de profundidad.

Como vemos, la violencia contra las mujeres se incrementa cotidianamente, por eso la Defensoría del Pueblo señaló que 132 feminicidios ocurrieron el año pasado y 281 tentativas de feminicidio se dieron ese mismo año. Este año 2021, en el mes de enero, según reportes oficiales de la Defensoría, ocurrieron 14 feminicidios. El feminicidio es la expresión más brutal de violencia machista, que representa toda una cadena de violencias invisibilizadas y normalizadas por la sociedad, las autoridades y el conjunto del estado.

Según los especialistas en violencia de género, una de las razones que habría llevado a que se incremente la violencia contra las mujeres en estos últimos tiempos tendría que ver con la implementación de las cuarentenas, las cuales fueron impuestas por los gobiernos para encarar la proliferación del Covid-19. Estas medidas han permitido que las familias permanezcan más tiempo en sus hogares, haciendo que los barones agresores tengan el tiempo suficiente y las condiciones necesarias para reproducir de manera cotidiana su violencia hacia sus compañeras o sus hijas mujeres.

De esa manera el eslogan “quédate en casa”, no afecta a todas las familias por igual, ya que en el Perú tenemos familias que cuentan con una casa propia y con los ambientes necesarios para una adecuada convivencia (habitaciones, áreas verdes, servicios higiénicos y otras comodidades), además que sus miembros en edad de trabajar tienen un trabajo estable; mientras que, por otro lado tenemos a millones de familias que viven completamente hacinadas en viviendas alquiladas o en viviendas precarias y laborando en la informalidad o del día a día. Estos sectores son los mayoritarios, por esa razón, casi 8 millones de personas no cuentan con agua potable y el 72% de las familias no tienen un techo para vivir o habitan viviendas de muy mala calidad.

Esta difícil situación material que vive la mayoría de la población peruana, dentro de la cual el 50 % son mujeres, han permitido también que muchos de las y los niños y adolescentes que han estado confinados por la cancelación de clases presenciales, no puedan acceder a las clases virtuales por falta de equipos (computadoras o teléfonos apropiados para esta actividad) o por falta de conexión a internet (conectividad).

Si bien, hay violencia de género en los sectores acomodados, es en la clase obrera y en los sectores populares de bajos recursos, donde esta situación se expresa con mayor énfasis y crudeza ya que la combinación de diversas variables, como las que señalamos anteriormente, llevan a que estas violencias sean normalizadas y sistemáticas.

La persistencia de estos elementos estructurales ha llevado a que desde la primera movilización por Ni Una Menos en el 2016, hasta la actualidad (2021), las cosas no hayan cambiado sustancialmente. Esto se debe a que desde el estado no se han implementado políticas públicas efectivas que permitan prevenir y paliar la violencia machista y patriarcal que sufren las mujeres todos los días. Las iniciativas públicas solo se limitan a hacer un llamado a que las víctimas denuncien a sus agresores, sin embargo, en muchos casos, cuando las mujeres agredidas denuncian no son tomadas en cuenta debidamente por la Policía Nacional, los Centros de Emergencia Mujer u otras instituciones públicas, así mismo, se dan casos donde los jueces terminan liberando a los probables victimarios, como ocurrió con el juez Yuri Maquera en el caso de Judith Machaca. Por ello, muchas mujeres prefieren permanecer en silencio.

Por esa razón decimos que el estado es responsable de sucesos como la desaparición de Judith y de las miles de mujeres que cotidianamente desaparecen en el Perú, porque el conjunto de las instituciones públicas, desde el gobierno central, los gobiernos regionales y municipales, los ministerios de la Mujer o de Justicia, no hacen nada o muy poco para encontrar a las mujeres desaparecidas, así como tampoco implementan medidas concretas para acabar con las causas estructurales de la violencia contra las mujeres.

Las autoridades no implementan políticas efectivas para prevenir y mitigar la violencia machista, solo hacen demagogia con nuestra lucha, por ello, insistimos en nuestro planteo de un plan de emergencia que entre otras cosas incluya:

• La construcción de casas refugios debidamente implementadas en todas las regiones, provincias y distritos del país, para que las mujeres que viven situaciones de violencia tengan un lugar donde ir.

• Acceso de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados que brinden apoyo y asistencia a las mujeres y sus hijos que sufren violencia.

• Salario mensual no menor al valor de la canasta básica familiar para todas aquellas mujeres que no cuentan con empleo remunerado o con un ingreso económico regular.

Los recursos para implementar estas medidas los podemos obtener solo si se aplica un impuesto progresivo a la riqueza y a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, quienes no solo sobre explotan a sus trabajadores y contaminan el medio ambiente, sino que, en la mayoría de los casos, evaden impuestos. Solo de esa manera se podrá incrementar el presupuesto público destinado para combatir la violencia machista.

Hacemos un llamado a las mujeres a organizarnos con Pan y Rosas en nuestros centros de trabajo, de estudio y nuestros barrios, de manera independiente del estado, los empresarios y los partidos al servicio de régimen, para seguir luchando por nuestros derechos y contra el machismo tan arraigado en esta sociedad de clases.

Fuente La Izquierda Diario