El enorme crecimiento del patrimonio del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado llamó la atención de los investigadores, quienes consideraron que el estado de sus cuentas bancarias es más que suficiente para solventar una fuga, por lo que el juez decidió que el otrora mandatario del municipio del norte permanezca detenido a la espera de su juicio.

El miércoles, en la última de tres audiencias llevadas adelante en el marco de la investigación penal por el robo de caños del Gasoducto NEA y en menos de 24 horas, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva del exintendente de Aguaray.

La investigación se inició en abril pasado a partir de la denuncia de un empleado de esa obra, mientras que el 18 de mayo se iniciaron las imputaciones, que incluyen a diez acusados. En este marco, ya se logró la recuperación de 260 caños.

El exintendente fue detenido el martes a partir de un pedido del fiscal general Eduardo José Villalba, quien el miércoles avanzó con el planteo de la prisión preventiva en vista de que podría entorpecer una serie de medidas de pruebas aún pendientes.

Villalba, acompañado por la auxiliar fiscal Roxana Gual, sostuvo que a medida que la investigación avanza, la situación de Prado es cada vez más comprometida y la expectativa de que reciba una condena con prisión efectiva aumentó notablemente, por lo que recomendó su detención a fin de evitar una posible fuga. También aludió a la necesidad de la medida a fin de recabar pruebas que se encuentran pendientes, ya que de lo contrario ello se vería frustrado.

Asimismo, y al referirse al peligro de fuga, Villalba explicó que de acuerdo a nuevas evidencias reunidas, entre ellas un informe de depósitos bancarios, Prado cuenta con un fuerte patrimonio que le permitiría solventar su fuga.

En tal sentido, el fiscal expuso ante el juez detalles del reporte brindado por una entidad bancaria respecto a una cuenta registrada a nombre del exintendente. En el año 2018, cuando Prado era aún secretario de Medio Ambiente municipal, registraba un ingreso en su cuenta bancaria de 2.148.000 pesos.

Al año siguiente, en tanto, a esa suma se agregó un monto de 1.300.000 pesos, mientras que, en el presente año, sus ingresos se incrementaron aún más, pues se registró otro monto de 1.495.00 pesos, lo cual evidenciaría que Prado ya había comenzado a percibir dinero por la maniobra que luego puso en marcha en detrimento del Estado.

Atento a ello, y pese a los argumentos defensivos respecto a la conducta procesal de Prado en el marco de la investigación penal, el juez Montoya coincidió con el fiscal y dispuso la prisión preventiva.

El martes, en tanto, en la primera de tres audiencias realizadas en el marco de este caso, la fiscalía presentó al juez Montoya la ampliación de la acusación penal en contra de Prado, su exsecretario de Hacienda Fredy Céspedes y el empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP SA. Fue por los delitos de robo calificado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado respecto a los hechos ocurridos en abril. Frente a este planteo, el juez Montoya resolvió hacer lugar a la ampliación de la acusación penal.

Villalba repasó la génesis de la investigación penal abierta por el robo de caños del Gasoducto NEA, instancia en que hizo hincapié en la gravedad del accionar delictivo de los acusados, pues se afectó una «obra estratégica destinada a beneficiar a más de tres millones de personas.