20-11-20 El informe de la comisión de juristas que designó el presidente Alberto Fernández profundizó la pelea creciente con el Instituto Patria y con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los «notables» recomendaron bajar el número de votos en el Senado que se requieren para aprobar el pliego del Procurador General de la Nación: el kirchnerismo lo festejó y aceleró esos cambios en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pero la Casa Rosada anticipó que desestimará esa recomendación.

Según pudo saber A24.com de altas fuentes oficiales, la designación del Procurador encierra una pelea de fondo. Consiste en determinar quién tendrá el control absoluto del Poder Judicial a través del manejo de los fiscales, que en la futura aplicación del sistema acusatorio aumentarán su injerencia sobre la instrucción de las causas.

«No es vinculante y al Presidente aún no le llegó nada», dijo a A24.com un funcionario que ayer acompañó todo el día al Presidente. Pero el kirchnerismo reaccionó de otra manera: Parrilli convocó para este viernes a la Comisión de Justicia para apurar el tratamiento de la ley que reduzca las mayorías, tal como pidió la «Comisión Beraldi». Carlos Beraldi es el abogado de Cristina, al parecer también en la comisión.

La respuesta de Alberto Fernández a los «notables» fue redoblar de manera enfática su respaldo a la postulación del juez federal Daniel Rafecas para encabezar el Ministerio Público. Pero para ser designado, Rafecas exige ser respaldado por los dos tercios de los votos del Senado, como ordena la ley del Ministerio Público, y no cambiar esta norma.

Luego de meses de demora en el tratamiento del pliego de Rafecas presentado por el Poder Ejecutivo -atribuible en principio al rechazo de Juntos por el Cambio para prestar sus votos para conformar los dos tercios-, ahora Cristina Kirchner quiere cambiar de candidato y elegirlo por mayoría de los miembros del Senado: le bastaría con 37 votos y tiene 41. Para los dos tercios necesitaría 48 voluntades y un acuerdo con JxC.

Sus candidatos son Indiana Garzón, fiscal general de Santiago del Estero, y Maximiliano Rusconi, abogado vinculado al kirchnerismo; Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, se bajó. Sin embargo, para lograr la candidatura de cualquiera de estos, Cristina no solo debe lograr el cambio de la ley, que además necesitaría ser aprobada en Diputados: también tiene que acordarla con Alberto Fernández, porque el pliego debe ser enviado por el Poder Ejecutivo con la firma del Presidente. Y el único pliego enviado es el de Rafecas, que tendría que ser retirado.

La «comisión de notables» había buscado darle un barniz de transparencia a las reformas de la Justicia, pero terminó desnudando una pelea de poder dentro del Frente de Todos. Se suma a la pelea por el enojo de la vicepresidenta con Alberto y con su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, por haber enviado el proyecto de ley de legalización del aborto. Cristina no lo considera oportuno, porque hoy la prioridad es la pandemia, y porque aún no tienen los números necesarios (37 votos) para aprobarlo.

«Hoy los votos no están para el aborto», dijo la ex presidenta a sus allegados. El jefe del bloque de senadores del FdT, José Mayans, que responde a Cristina, aseguró que está en contra del proyecto y de la oportunidad. Tenía el visto bueno de la ex presidenta, que no lo desautorizó.

En medio del ajuste que requiere el Fondo Monetario Internacional para otorgar un acuerdo de facilidades extendidas, el Gobierno prepara sus equipos de comunicación para resignarse a que exista una brecha -más amplia que la del tipo de cambio- entre lo que «se diga y lo que se haga».

El remedio intragable para el progresismo kirchnerista, que es el ajuste, necesita un relato: esta semana se puso en marcha el dispositivo. Alberto abrió una caramelera para endulzar a los desorientados militantes y puso en la primera plana la sanción en Diputados del impuesto a la riqueza, el envío del proyecto de aborto y el decreto de legalización de la plantación de cannabis para uso medicinal y personal. Es una agenda que busca cumplir con la izquierda del peronismo que reclama más distribución del ingreso.

En contrapartida, se conoció el proyecto de reforma jubilatoria que asoma perdidosa para los jubilados, se anunció un aumento de apenas 5% para la clase pasiva en diciembre, y trascendió que los empleados públicos no tendrán aumentos mayores al 7% que se les dio en octubre.

Mientras tanto, la Comisión Beraldi desató pujas por el poder en la Justicia. La integran, además, Carlos Arslanian, otro de los abogados cercanos a Cristina; Marisa Herrera; Raúl Gustavo Ferreyra; Claudia Sbdar; Omar Palermo; Inés Weinberg de Roca; Enrique Bacigalupo; Andrés Gil Domínguez; Hilda Kogan y María del Carmen Battaini.

En la Corte Suprema había cierta conformidad por el resultado. La comisión no aumentará el número de miembros del máximo tribunal porque el supremo Ricardo Lorenzetti influyó para no tocar ese tema. Pasa por una excelente etapa de diálogo con la ministra de Justicia, Marcela Losardo. «La sensación en la Corte es que la comisión no logrará ejecutar sus recomendaciones», señaló un conocedor de esos pasillos.

El Gobierno está preocupado por el fallo inminente de la Corte sobre la quita de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Están en juego 36.000 millones de pesos anuales que Alberto derivó al gobernador bonaerense Axel Kicillof para pagarles a los policías. Dicen que Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda le darían la razón a CABA. Lorenzetti discute aún con Losardo y con el jefe del Gabinete, Santiago Cafiero. Las versiones indican que negocia su regreso a la presidencia de la Corte. Horacio Rosatti es la incógnita. Descuentan que Elena Highton quedaría atrapada en la lógica de la mayoría.

La comisión de notables resignó el aumento del número de la Corte, pero propuso crear un tribunal intermedio entre las cámaras de casación, las cortes provinciales y el máximo Tribunal. En la Cámara de Casación causó humoradas la idea de un tribunal intermedio porque significaría retrasar mucho más las causas, agregar un gasto público intolerable en este contexto y sumar una instancia más a la Justicia: juez de primera instancia, cámara federal, tribunal de casación, tribunal intermedio y Corte.

La decisión de bajar el número de votos para elegir al Procurador se tomó por seis votos contra cinco, pero el kirchnerismo aceleró la velocidad para cambiar la ley. Solo le falta un dictamen de comisión, que buscará este viernes a las 10, para poder tratar el tema en sesiones ordinarias, antes del 30 de este mes. Para entrar en extraordinarias necesitaría que lo pida el Poder Ejecutivo y hoy Alberto y Cristina tienen el teléfono cortado hace semanas, aunque se mandan mensajes por terceras personas.

Es por ello que Alberto Fernández le habló ayer a Cristina cuando respaldó a Rafecas y a su nombramiento por los dos tercios de los votos. «A Daniel Rafecas lo conozco bien. Es el mejor candidato a Procurador que pueda existir», dijo el Presidente en declaraciones radiales. «Seguimos apoyando a Rafecas. El dictaminen de la comisión no es vinculante», señalaron en la Casa Rosada. Otra pelea que se profundizará con el correr de los días mientras la gente tiene una agenda muy lejana: seguridad, empleo, salarios y una economía que no despega, en medio de la pandemia

Fuente : A24.com